Rechazan la moción que proponía iniciar acciones legales
NaBai denuncia que las arcas públicas pagaron el 50% de lo que recaudaron entre 2008 y 2009 y pide medidas
Elena Urabayen
- Sábado, 12 de Mayo de 2012 - Diario de Noticias
Pamplona. Los socios de
Gobierno, con la ayuda del Partido Popular de Navarra, echaron ayer
atrás una propuesta parlamentaria que pretendía iniciar acciones legales
contra cinco cementeras de Navarra sobre las que se ha pronunciado la
Comisión Nacional de la Competencia (CNC), la cual observa en ellas un
delito de modificación artificial de precios, reparto del mercado en
Navarra durante 2008 y 2009, lo que lleva a un "cobro ilegal" de
capitales. Estas actividades habrían afectado de manera sustancial a las
arcas públicas de Navarra, al haber supuesto un sobrecoste importante
en los más de 50 millones de euros que se desembolsaron por obra pública
entre 2008 y 2009. Por ello, desde NaBai -grupo impulsor de una moción
que contó con el apoyo de Bildu e I-E- consideraron importante que el
Gobierno inicie trámites para defender los intereses de la ciudadanía
Navarra. A pesar de la contundencia del informe de la Comisión Nacional
de la Competencia, UPN, PSN y PPN alegaron que "la resolución está
recurrida, por lo que aun no procede iniciar trámites legales".
Antecedentes El órgano
nacional, que es el encargado de garantizar el correcto funcionamiento
de los mercados, impuso en enero una multa de 11 millones de euros
contra las empresas Cementos Portland, Hormigones Beriáin, Cetya, Cemex y
Vresa, por haber formado un cártel empresarial mediante el cual
acordaron una subida generalizada de los precios y se repartieron el
mercado navarro de este sector, operación por la que desaparecía la
libre competencia. La CNC considera "acreditado" que estas empresas -con
distinto grado de participación- "adoptaron acuerdos para la fijación y
subida escalonada de los precios del hormigón (80%), del árido (subida
de entre el 70-80%) y del mortero (subida de hasta 4 euros lineales),
así como para el reparto del mercado de esos productos". En concreto,
habían creado un sistema de asignación de las obras a las que podían
suministrar estos productos, dentro de cada una de las zonas
delimitadas, conforme a cupos por ellas establecidos dentro de Navarra.
Esta actuación se llevó a cabo desde junio de 2008 hasta al menos el 22
de septiembre de 2009. Durante todo ese periodo se estima que en Navarra
el mercado del cemento facturó alrededor de 100 millones de euros. Se
calcula que de ellos, más del 50% pertenece a obra pública, es decir, a
dinero aportado por todos los navarros a las arcas forales.
El aforado de NaBai Txentxo Jiménez puso de manifiesto en el
Parlamento que desde que comenzaron las operaciones "el Gobierno de
Navarra tuvo conocimiento de los hechos" ya que, según recoge el propio
informe del CNC, existen cartas remitidas directamente al entonces
consejero de Innovación, Industria y Empleo, José María Roig, en las que
se denunciaba lo que estaba ocurriendo. Asimismo, se denunció en
noviembre del 2008 ante la Cámara de Comercio y se dieron numerosas
denuncias públicas pero ante ellas solo hubo "inacción de las
instituciones". "Las arcas públicas se vieron afectadas en pago del 50%
de los cobros realizados de manera ilegal. La comisión es clara, ¿qué va
ha a hacer el Gobierno de Navarra en relación a la defensa del dinero
público cobrado mediante prácticas ilegales?", preguntó Txentxo Jiménez.
A favor de que el Gobierno inicie acciones legales para
resarcir el daño que estas cementeras han causado a las arcas forales se
mostraron también Bildu e Izquierda-Ezkerra. Desde la coalición
nacionalista, Maiorga Ramirez dijo que "poco se puede esperar de que el
Gobierno pida responsabilidades" y recordó que "cuando Comptos alertó de
que el Gobierno había asumido un coste superior en 50 millones de euros
por la Autovía del Camino, nunca se reclamó ese dinero". José Miguel
Nuin, (I-E) consideró que el informe es lo suficientemente claro como
para emprender acciones legales y que no es necesario esperar a que se
resuelva el recurso puesto por las cementeras. "Si hay base para pensar
que nos han estafado, no vamos a prejuzgar la sentencia pero se pueden
plantear ya iniciativas legales porque está justificado", valoró Nuin.
"Precipitado" No vieron
en cambio la justificación UPN y PSN, que presentaron una enmienda de
sustitución que proponía, en lugar de iniciar acciones legales, esperar a
que se resolviera el recurso que pusieron las cementeras y, mientras,
estudiar lo ocurrido durante 2008 y 2009 en el sector. La parlamentaria
de UPN Mariví Castillo dijo que "el Gobierno de Navarra no ha sido
perjudicado, sino los contratistas" y añadió que "mientras el proceso
está abierto no se puede suponer nada, porque puede que el pacto entre
las cementeras fuera para pactar el precio a la baja". Desde las filas
socialistas, Samuel Caro vio "precipitado iniciar acciones legales", si
bien consideró que "el Gobierno debe permanecer atento". Eloy Villanueva
(PP) valoró que "si hay un proceso abierto, hay que respetar los plazos
establecidos".
En su turno de réplica, Jiménez destaco que los partidos más
constitucionalistas, con su actitud, "devalúan la legitimidad del CNC".
Aseveró que UPN no tiene credibilidad y que "para el PSN no es prioridad
el interés público". "Quizás su cercanía con las cementeras les impide
tomar una decisión. Si alguien tiene que sonrojarse, no voy a ser yo
quien acepte la enmienda de sustitución que proponen".
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