La multinacional que ha sido
multada reiteradamente con más de 6 millones de euros por engañar a todos los
navarros, y a la propia Comisión Nacional de la Competencia que la investigaba,
por habernos robado más de 100 millones de euros, está a punto de darnos duro
de nuevo, esta vez con la connivencia del propio Gobierno Foral si como
pretende se llegan a quemar los residuos en las instalaciones de Pórtland en
Olazti.
Para entender cómo se ha
llegado a esta situación de imposición, y las maquinaciones de todo tipo que se
han empleado, hay que saber de donde se parte y a donde se llega en este caso
que debería guardarse en las vitrinas del horror moral y de las aberraciones
más extremas.
La situación de partida es que Cementos
Pórtland Valderrivas debe presentar unas cuentas que permitan a las Koplowitz
seguir en el negocio cementero, que se ha convertido en la oveja negra de FCC. Para
ello piden resultados, y el Presidente Béjar y su segundo Aracama (ex Consejero
del GN) les han puesto encima de la mesa un plan que contempla más despidos y
más incineración en todas sus plantas.
La planta de Olazti, una de las
que mantiene el tipo, con unas cuotas de producción de cemento normales no hace
tanto tiempo, no puede dejar pasar la coyuntura sin entrar en el negocio de la
gestión de residuos de su matriz FCC, recuperando así la multinacional lo que
le hubiera supuesto la más que probable adjudicación de la construcción y
gestión de la incineradora de Navarra, una planta que acaparaba el 90% del
presupuesto del PIGRN (Plan de Residuos de Navarra).
Tras descartarse felizmente la
construcción de la planta, por cierto, consecuencia del rechazo en Navarra de partidos que no se han
opuesto a ello en el País Vasco, el GN, frustrando las expectativas que sobre
una nueva política de gestión de residuos sin hornos había despertado la
decisión, apuesta porque la empresa que más le ha timado y engañado pueda
quemar los residuos del PIGRN en su planta de cemento, desoyendo así a todos
los ayuntamientos de la zona, (incluidos todos los limítrofes de la Llanada
Alavesa) también a los de Tierra Estella, y a muchos del resto de Navarra entre
ellos Tafalla, que se oponen a la incineración, también en la cementera.
La pregunta no es ya el por qué
sino el cómo se puede cometer semejante salvajada en el fondo de un valle, tan
cerca de las poblaciones, de los Parques Naturales de Urbasa-Andía, Aralar,
Entzía, Aratz-Aitzkorri, del Urederra, de los acuíferos, de Urdalur..., si todas
estas circunstancias hicieron que en el estudio de emplazamientos para la
ubicación de la planta de última tecnología del PIGRN, la más adecuada para
quemar los residuos, se descartara esa zona.
Aquí cobra verdadera dimensión
la tremenda injusticia construida sobre la mayor impostura ética y moral que
puede darse para hacerlo posible, bajo un clamoroso doble fraude de ley. Por
una parte, el GN dice que esa empresa hará cemento y que por eso, el quemar
esos residuos no se puede considerar una actividad de incineración, sino de
coincineración, y que además, esa nueva actividad y las instalaciones
necesarias para ello deben formar parte de la política pública de la Comunidad
Foral en la gestión de residuos, por lo que debe tramitarse como Proyecto
Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PrSIS).
En efecto, la filial de la
multinacional de las basuras FCC sí hará (menos) cemento, pero quemando miles y
miles de toneladas de residuos, para lo cual debe construir unas nuevas
instalaciones y ha debido inscribirse como gestor finalista de residuos;
además, para “seguir con la misma actividad”, es decir, producir cemento,
necesita otra nueva autorización diferente a la que ya dispone para ello,
porque ahora va a “coincinerar” 56500 t de residuos, que suponen, no el 15% de
“sustitución”, la media del estado que decía Pórtland que le haría falta para
ser “competitiva” haciendo cemento, ni el 28% la media europea, sino ¡¡ más del
50%!! Y mucho nos tememos que sea sólo el comienzo, porque esta empresa no va a
parar de “ayudar” al Gobierno de Navarra a quemar las 140000 t de residuos que
esperan para ser “valorizadas energéticamente” mediante su incineración en una
planta moderna de altas prestaciones y tecnología.
Si se opta por “valorizarlos”
mediante su “coincineración”, significa que con una capacidad de emisión de
gases entre 20 y 30 veces mayor que una incineradora, y con unos límites de
emisión más altos, Pórtland podría realizar su nueva actividad a 460 m del
colegio público de Olazti , pegada a nuestros Parques Naturales y a los
acuíferos de Sakana.
Todo el despropósito anterior
va unido a la nula voluntad del GN por buscar otra salida a los residuos que no
pase por los hornos de incineración, o “coincineración” y ello hace que otras
formas de gestión de residuos basadas en la reducción, reutilización y el reciclaje
se encuentren en clara desventaja ante la competencia desleal de una actividad
que podrá sortear los problemas de rentabilidad de las incineradoras, que
tienen que pagar más tasas e impuestos y están sujetas a mayores controles por
realizar una actividad de incineración sin “co”.
El segundo fraude lo constituye
el PrSIS. Salvado el tema de las distancias, actividades etc., restaba un “pequeño”
escollo relacionado con la autonomía municipal de Olazti que, tremenda osadía, dispone
de unas normas urbanísticas en vigor desde el año 1998
que prohíben cualquier instalación que tenga por objeto el almacenamiento y
dosificación de residuos para ser utilizados como combustibles. Por lo tanto,
el informe vinculante de compatibilidad urbanística con el ordenamiento local
que la empresa necesitaba para la tramitación de su proyecto, solo podía ser y así
lo es, negativo, lo que supondría el archivo del proyecto.
Nada insalvable para un Gobierno
que solventa estos contratiempos a golpe de planes y proyectos de incidencia supramunicipal
para favorecer intereses privados, como también ocurre con el PSIS de Donapea, con
el agravante que en el caso de Pórtland, ese ataque a la autonomía municipal
tendrá consecuencias gravísimas de salud pública.
Para rematar la faena, en lugar
de abrirse un verdadero periodo de participación pública como manda la norma
europea en un tema que a todos nos afecta, en el que se puedan presentar y
estudiar otros modelos de gestión de residuos, se tramita en un tiempo record
todo el expediente en un mismo paquete (el expediente ambiental, la nueva AAI y
el PrSIS ). Todo ello, porque la aprobación del PrSIS es necesaria para obtener
la compatibilidad urbanística, competencia que se debe usurpar al Ayuntamiento
de Olazti, y así poder aprobar la nueva AAI; y a su vez necesita esta AAI para
aprobar el PrSIS. Como muestra de la mala fe demostrada en todo este proceso
está el hecho de que se hace coincidir una exigua exposición pública de todo
ello con el periodo vacacional de agosto.
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