Estudia solicitar la ejecución de la sentencia que invalida el plan de residuos
Ante la demora de un fallo del Supremo, considera que el Gobierno de Navarra no debe dar "pasos irreversibles"
nerea mazkiaran
- Viernes, 15 de Febrero de 2013-Diario de Noticias de Navarra
Alsasua. La Mancomunidad de
Sakana está estudiando con sus asesores jurídicos la posibilidad de
solicitar la ejecución provisional de la sentencia del Tribunal Superior
de Justicia de Navarra que invalidó el Plan de Gestión de Residuos de
Navarra (PIGRN) 2010-2020. Y es que el Gobierno de Navarra ya anunció la
pasada semana que interpondrá un recurso al Tribunal Supremo. Por ello,
y hasta que no se resuelva, reclaman al Gobierno la paralización del
expediente de la cementera de Olazti, "para que no se den pasos
irreversibles o que en su caso comporten el reconocimiento de un derecho
que pudiera plantear en un futuro una importante indemnización a favor
de Cementos Porltand", según señalan desde la entidad concertada a
través de una nota de prensa.
La Mancomunidad entiende que, dado el contenido del fallo e independientemente de que se haya interpuesto un recurso de casación contra el mismo, el Ejecutivo no debería dar ningún paso administrativo más en el expediente de Cementos Portland. Al respecto, se argumenta que "el instrumento legal que habilitaba dichas instalaciones -el plan de residuos- ha sido cuestionado en un tema fundamental". También se destaca que en la sentencia se recoge "otra jurisprudencia que manifiesta claramente que no se puede dejar la ubicación de este tipo de instalaciones a expensas de la iniciativa privada".
Así, y ante el largo tiempo que tarda en resolverse un recurso de este tipo en el Tribunal Supremo, el objetivo es evitar que "el Gobierno de Navarra pudiera aprovechar la demora en la resolución para llevar a cabo actuaciones que tendrían que ser anuladas con posterioridad", se dice.
Por otro lado, desde la Mancomunidad de Sakana, destacan que el Ejecutivo foral incumplió la ley en lo referente a la ubicación de las instalaciones de eliminación de residuos, ya que debía establecer un emplazamiento preciso. "El Gobierno de Navarra, consciente de ello, eludió determinar dónde se ubicarían dichas instalaciones porque era consciente que ello de podía acarrear rechazo social en las zonas, que según sus estudios, podían ser potencialmente aptas para su emplazamiento, y en concreto para la incineradora", afirman.
También denuncian que "buena parte de las prisas que el Gobierno se ha dado para tramitar el Proyecto de Incidencia Supramunicipal para la autorización de la quema de residuos en las instalaciones de Cementos Portland en Olazti se explica a ala vista del contenido de la sentencia". Asimismo, muestran su rechazo a la quema de residuos en la cementera al considerar que "se quiere convertir dicha planta en el sucedáneo de la incineradora que proponía el plan de residuos, pero sin las garantías que el derecho ambiental otorga a los ciudadanos frente a una incineradora".
RECURSO Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dejó sin efecto el plan de residuos aprobado en diciembre de 2010 por defecto procedimental y vulneración de la ley al no especificar los lugares donde se podrían ubicar las instalaciones para eliminar residuos después de que la Mancomunidad de Sakana y la Fundación Sustrai Erakuntza presentase una demanda por la vía contencioso administrativa.
La Mancomunidad entiende que, dado el contenido del fallo e independientemente de que se haya interpuesto un recurso de casación contra el mismo, el Ejecutivo no debería dar ningún paso administrativo más en el expediente de Cementos Portland. Al respecto, se argumenta que "el instrumento legal que habilitaba dichas instalaciones -el plan de residuos- ha sido cuestionado en un tema fundamental". También se destaca que en la sentencia se recoge "otra jurisprudencia que manifiesta claramente que no se puede dejar la ubicación de este tipo de instalaciones a expensas de la iniciativa privada".
Así, y ante el largo tiempo que tarda en resolverse un recurso de este tipo en el Tribunal Supremo, el objetivo es evitar que "el Gobierno de Navarra pudiera aprovechar la demora en la resolución para llevar a cabo actuaciones que tendrían que ser anuladas con posterioridad", se dice.
Por otro lado, desde la Mancomunidad de Sakana, destacan que el Ejecutivo foral incumplió la ley en lo referente a la ubicación de las instalaciones de eliminación de residuos, ya que debía establecer un emplazamiento preciso. "El Gobierno de Navarra, consciente de ello, eludió determinar dónde se ubicarían dichas instalaciones porque era consciente que ello de podía acarrear rechazo social en las zonas, que según sus estudios, podían ser potencialmente aptas para su emplazamiento, y en concreto para la incineradora", afirman.
También denuncian que "buena parte de las prisas que el Gobierno se ha dado para tramitar el Proyecto de Incidencia Supramunicipal para la autorización de la quema de residuos en las instalaciones de Cementos Portland en Olazti se explica a ala vista del contenido de la sentencia". Asimismo, muestran su rechazo a la quema de residuos en la cementera al considerar que "se quiere convertir dicha planta en el sucedáneo de la incineradora que proponía el plan de residuos, pero sin las garantías que el derecho ambiental otorga a los ciudadanos frente a una incineradora".
RECURSO Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dejó sin efecto el plan de residuos aprobado en diciembre de 2010 por defecto procedimental y vulneración de la ley al no especificar los lugares donde se podrían ubicar las instalaciones para eliminar residuos después de que la Mancomunidad de Sakana y la Fundación Sustrai Erakuntza presentase una demanda por la vía contencioso administrativa.
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