LA reciente sentencia del TSJN sobre
el Plan Industrial de Gestión de Residuos de Navarra (PIGRN), además de
la noticia de su rechazo, puede tener otras lecturas de mayor alcance no
desveladas.
Es sabido que el Gobierno de Navarra tiene competentes
técnicos y juristas, que seguro les asesoraron debidamente de que
vulneraban la Ley de Residuos, que plantea la "necesidad de localizar
con mayor precisión las instalaciones de eliminación...", o sea fijar en
el PIGRN el lugar concreto donde debería ser situada la incineradora.
No es creíble tamaño olvido en la aprobación de un plan con semejante
trascendencia para Navarra.
El PIGRN sí recogía la necesidad de instalar una incineradora,
pero al no precisar su localización, dejaba en el aire su ejecución.
Una vez aprobado el plan, el Gobierno de Navarra decidió conceder a la
cementera de Olazti el pertinente permiso como gestor de residuos que le
permite quemar basuras. Con este pequeño trámite administrativo, y si
colaba, pudiera hacer innecesaria la construcción de la planta
incineradora, ya que Portland en adelante se encargaría de incinerar los
residuos de nuestra Comunidad.
Intuyo que podría haber razones de tipo político, económico y
de favoritismo por las que, a sabiendas, el Gobierno de Navarra omitió
precisar la ubicación de la incineradora:
- Es sabido el rechazo por parte de la ciudadanía y las
instituciones locales a la incineración, tanto en Tudela con la planta
de neumáticos, como la elección de la zona de Tafalla para situar la
incineradora. Estas zonas de la Ribera y Zona Media son tradicionales
votantes de UPN, y resultaría peligroso de cara a futuras elecciones
ponerlos en contra. Por el contrario, en la hostil zona de Sakana no
cuenta con importante granero de votos.
- Otro vital argumento que puede sustentar cuanto decimos es
que en el actual momento de recesión económica, y teniendo en cuenta su
duración futura, Navarra no podría asumir el gasto de más de 200
millones de euros en la construcción de una incineradora.
- Y finalmente, por razones que intuimos de más que dudosa
moralidad, para favorecer a la empresa FCC, propietaria de la cementera
de Olazti.
Ahora, la sentencia del TSJN ha sido recurrida por el Gobierno
y puede llegar hasta el Tribunal Supremo. Este puede tardar en
resolverlo entre cuatro y cinco años. Mientras tanto Portland ya puede
incinerar lo que en teoría debiera quemar la incineradora.
Juan del Barrio
Miembro del Consejo Navarro de Medio Ambiente
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