A raíz de la noticia de que el Gobierno de Navarra,
en declaraciones de su vicepresidente Roberto Jimenez, está dispuesto a
tramitar como prioritario un proyecto
sectorial de incidencia supramunicipal (PSIS) con el objetivo de permitir a
Cementos Portland Valderrivas poder comenzar a utilizar residuos como
combustible alternativo en su planta
cementera de Olazagutia, convirtiéndola de facto en la nueva incineradora de
Navarra, desde la plataforma Sakana Bizirik los/as vecinos de Olazagutia que
conocemos y padecemos todo el largo y penoso proceso que la
implantación/imposición de esta actividad acarrea desde el año 2005 queremos
hacer una reflexión sobre la actitud que tanto la multinacional FCC como el
Gobierno de Navarra muestra hacia nuestras personas.
No entendemos como el señor Jimenez puede
manifestar que la valorización de
residuos en esta planta tiene en su opinión "un buen encaje en las líneas
maestras del PIGRN” cuando ese plan
rechaza la opción del tratamiento de los residuos en cementeras, porque
la alternativa propuesta de valorización energética pasa por una planta
específica para ello y se desecha la zona de Sakana como posible ubicación de
la Planta de Valorización Energética
porque no cumple con unos criterios de ubicación que garanticen la
seguridad de la realización de esta actividad.
No entendemos cómo el Sr Jiménez, que ha descartado
la construcción de la Planta de Valorización Energética prevista en el PIGRIN
para barajar otras opciones menos contaminantes y con menor rechazo social
puede apostar por la misma actividad, la valorización energética, pero en
Sakana y en los hornos de la cementera de la multinacionel FCC.
Quizás el señor Jiménez pensaba en la imposición
del PSIS solamente para Sakana para terminar con la oposición social, cuando
también podía plantear impulsar desde la propia administración un Proyecto
Sectorial de Incidencia Supramunicipal para construir esa Planta de
Valorización Energética para una gestión pública de los residuos, que señala el
PIGRN como más adecuada.
Hay que reconocer que desde el 2005 ,se ha ido
cumpliendo la hoja de ruta que la empresa se había marcado. Y para ello no ha
escatimado esfuerzos, aunque todos ellos bajo el común denominador de las
mentiras, las falsedades, los engaños y el juego sucio.
Todos/as recordamos las declaraciones públicas de
los representantes de la empresa manifestando que no impondrían ningún proyecto
en contra de la voluntad de los/as vecinos/ de Olazagutia y las manifestaciones
en el mismo sentido ante los representantes políticos y sindicales de la
comarca.
Hemos visto como han intentado por todos los medios
incidir en la toma de decisiones del ayuntamiento .
Han impulsado a través de su sindicato satélite UGT
la confección de candidaturas municipales con el objeto de hacerse con la
gestión del ayuntamiento en aras a obtener el apoyo que los/vecinos/as les han
venido negando repetidamente.
Han llamado a sus trabajadores a ser beligerantes
contra los opositores a esa actividad lo que ha conllevado que sectores del
entorno de la dirección de la fábrica de cementos de Olazti se dediquen a
coaccionar y a amenazar empezando con el robo de hojas de firmas en las
que se expresaba la voluntad contraria de los firmantes a la realización de esa
actividad, arrancando carteles y
finalmente recurriendo a las amenazas directas y al llamamiento a la violencia contra otros,
dañando premeditadamente la convivencia vecinal.
Han amenazado y coaccionado sin escrúpulo a los
trabajadores con la pérdida de puestos de trabajo y el cierre de la empresa
valiéndose del apoyo que les brindan lo sindicatos UGT, CCOO y de la actual
coyuntura socioeconómica.
Se han intentado “lavar la cara” ante toda la
comarca utilizando publicidad y marketing verde falso y engañoso (prensa,
buzoneo de folletos, página web, …)
Y por último, después de obtener el permiso por
parte del GN para utilizar biomasa como combustible alternativo, antesala de lo
que después vendría, solicitaron permiso para utilizar otro tipo de residuos
(neumáticos, fracción resto, lodos, plásticos, ...)
Pero todo ello no ha sido suficiente y la respuesta
popular ha sido siempre contundente; la gran mayoría de los ayuntamientos de
Sakana así como la Mancomunidad de Sakana
y muchos municipios de la Llanada Alavesa, de Tierra Estella y Goierri
se han posicionado en contra de esa actividad. Se han recogido miles de firmas
de particulares así como de asociaciones
turísticas, sindicatos..., se han llevado a cabo dos manifestaciones
multitudinarias, mociones, manifiestos, charlas informativas, documentales …
Y ahora les ha llegado el momento de quemar su
último cartucho; cuentan con todo el apoyo o mejor dicho tienen a su servicio a
todo el Gobierno de Navarra, para así mediante un proyecto de incidencia
supramunicipal poder saltar por encima de los ayuntamientos y cumplir con su
objetivo de imponer la incineración en la cementera de Olazti. ¿Cómo es posible
que un proyecto de incidencia supramunicipal sea promovido por una empresa
privada, una multinacional en este caso, para la gestión privada de residuos?
Esto viene a confirmar lo que en tantas ocasiones
hemos denunciado: la planta cementera de Olazagutia se convertirá “de facto” en
la incineradora de Navarra
Está claro que aquí quien verdaderamente ostenta el
poder es la multinacional FCC que marca en cada momento los pasos a dar,
mientras nuestros políticos obedecen fielmente y se ríen de los/as ciudadanos.
No necesitamos esa clase de políticos, que en lugar de defender los intereses
de los ciudadanos y administrar correctamente su dinero, se dedican a cumplir las órdenes de las multinacionales, a
permitir que estas se enriquezcan ilícitamente a cuenta de nuestro dinero y
quien sabe si de paso también se llenan los bolsillos. Cada día somos más quienes
manifestamos nuestro hastío por la actitud déspota que políticos como la señora
Barcina, el señor Jimenez o la señora Goikoetxea muestran hacia nosotros/as,
arrogándose el papel de defensores del empleo y del bienestar, tratándonos como
ignorantes y relegándonos a meras comparsas de esta democracia de pacotilla.
¿Cómo puede el señor Jimenez hablar de “objetivos
coincidentes” con CPV si ha quedado acreditado que esta empresa robó más de 100
millones del erario público mediante prácticas ilegales, motivo por el cual la
CNC le ha impuesto una sanción de 6 millones de euros? Si fuese un político
honrado debería velar por el dinero de todos los navarros y tomar las medidas
oportunas para recuperarlo
inmediatamente, y no apoyar a los que realizan prácticas mafiosas.
¿Cómo pueden el GN, CPV y los sindicatos hablar de
preservar los puestos de trabajo cuando las prácticas ilegales cometidas por
CPV han supuesto el cierre de empresas del sector y la pérdida de más de 200
puestos de trabajo?
¿Cómo pueden estos políticos que viven lejos de la
cementera obviar los graves riesgos para la salud de la población y el medio
ambiente que conlleva una actividad de este tipo? ¿Acaso a los que vivimos a
escasos metros de la misma no nos queda más remedio que aguantarnos y envenenarnos
democráticamente?
Volvemos a reiterar que la valorización energética
mediante la combustión de residuos es muy perjudicial para nuestra salud y la
de las futuras generaciones. Según el Convenio Internacional sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes de Estocolmo, las cementeras que incineran
residuos tóxicos se sitúan entre las cuatro principales fuentes de emisión de
dioxinas y furanos. Así mismo, según la
EPA (Agencia de Protección Ambiental), las cementeras que incineran residuos
tóxicos son la segunda fuente de emisión de mercurio a la atmósfera y así mismo
son una fuente muy importante de otros metales pesados, tales como cromo,
cadmio, plomo, manganeso, talio etc..., así como una fuente de dióxido de
azufre, óxidos de nitrógeno y partículas que además constituyen muchas veces el
vehículo de transporte de metales pesados y dioxinas. Recordemos que las
dioxinas y furanos son de los compuestos más tóxicos que existen, de carácter
bioacumulativo, causantes de graves enfermedades entre ellas el cáncer (como lo
reconoce la Organización Mundial de la Salud
–OMS-) y diversas alteraciones
del sistema endocrino e inmunitario y alteraciones fetales. Así mismo, estudios
muy recientes se han ocupado de la repercusión negativa de los metales pesados
en la situación del ecosistema y la salud del ser humano. La exposición a estos elementos está
relacionada con problemas de salud como retrasos en el desarrollo, varios tipos
de cáncer, daños en el riñón, e, incluso, con casos de muerte.
Y por ello no la quieren en ningún lugar, ni
siquiera los hipócritas de UPN y PSN en otros lugares de Navarra como Tafalla o
Tudela. Ejemplo de ello es que el Consorcio de la Zona Media del que forman
parte 36 ayuntamientos (muchos de ellos gobernados por UPN y PSN), se opuso al
proyecto de valorización energética y apostó por una política de gestión de
residuos conducente al vertido cero, por considerar las implicaciones negativas
que puede acarrear dicha actividad en el desarrollo sostenible de la comarca.
La puesta en marcha de este proyecto es contraria
al espíritu y la letra de las convenciones internacionales, las directivas
europeas y la legislación estatal, ya que según éstas, en primer lugar deben establecerse políticas
de prevención, implantando procesos productivos que no generen o minimicen la
formación de residuos. En segundo y
tercer lugar debe plantearse una gestión de esos residuos que garantice su
reutilización y reciclaje, y en último lugar, puede emplearse la valorización
energética, es decir la incineración, como último método de gestión y en ese
caso debería efectuase en plantas de tratamiento especificas, con las máximas
garantías posibles y nunca en hornos de cemento que solo han sido diseñados de
forma especifica para producir cemento pero que desde luego no son las
instalaciones mas adecuadas para gestionar residuos. Además la implantación de
un proyecto de este tipo impedirá a largo plazo la puesta en marcha de otras
políticas de gestión de residuos más respetuosas con el medio ambiente y la
salud de las personas.
No creemos que la
puesta en marcha de este proyecto tenga su justificación, tal y como
afirma la empresa, en que es fundamental para garantizar la competitividad y el
futuro de la misma. Basta con mirar los casos de Lemona en Bizkaia o Vallcarca
en Tarragona, donde llevan tiempo con esta práctica y las plantas cementeras y
sus trabajadores atraviesan una delicada situación laboral. Esto deja claro que
los puestos de trabajo están ligados a la producción de cemento, que ha
descendido considerablemente como consecuencia de la crisis del ladrillo, y no
a la incineración de residuos. El verdadero negocio se basa en que la
multinacional FCC cerrará el ciclo de los residuos que ella misma se encarga de
recoger a ayuntamientos y mancomunidades que pagarán por ello, recibirá
sustanciosas subvenciones públicas por crear energía a partir de la
valorización de residuos ya que está legislativamente considerada como
renovable y también podrá sacar una buena tajada en el mercado del dióxido de
carbono vendiendo más toneladas que las que le sobren de las asignaciones
gratuitas. Esto nos da pie a pensar que
el único objetivo que se plantea la multinacional es el de aumentar su negocio
sin para nada tener en cuenta ni el interés general de la comarca ni el de sus
trabajadores.
Los/as que aquí vivimos queremos contar con una
comarca también competitiva, saludable, donde quien así lo desee pueda
organizar y desarrollar su vida y la de su familia, en la que no existan
elementos que puedan poner en grave peligro la salud de sus habitantes ni la
preservación del medio ambiente y sus recursos naturales, respetuosa con la
naturaleza. Tenemos derecho a que se tenga en consideración lo que sus
habitantes e instituciones opinan, deciden y acuerdan, sin que desde Pamplona
unos políticos sumisos ante los poderosos y arrogantes ante sus ciudadanos,
impongan por la fuerza institucional un proyecto que por activa y por pasiva
llevamos años rechazando. Estos/as politicos/as que por tan demócratas se
tienen, deberían tener en cuenta al menos un par de criterios democráticos
básicos de los que carecen o habitualmente olvidan: respeto a la voluntad de
los/as ciudadanos/as a los que representan e igualdad de trato hacia todos/as
los/as navarros/as.
Ni la multinacional FCC ni sus políticos obedientes
harán que desistamos en nuestra tarea de impedir que la cementera de Olazagutia
se convierta en la incineradora de Navarra. Lucharemos con uñas y dientes para
preservar nuestra tierra, nuestra salud y la de nuestros/as hijos/as frente a la
avaricia de quienes sólo piensan en su bolsillo.
3Mugak Batera
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